Estas hojas de ruta fueron adoptadas en el marco de las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) y la Nueva Agenda Urbana (2016).

Sin duda, la pandemia del COVID-19, el confinamiento y las presiones presupuestarias en los gobiernos centrales y locales han frenado la implementación de dichas agendas internacionales. Según UN-Hábitat, más del 95% de los casos de contagios se encuentran en áreas urbanas. En Ecuador, por ejemplo, el 52% de los casos de COVID-19 están en siete ciudades.

En este sentido, el COVID-19 evidenció y potencializó las desigualdades dentro y entre las ciudades alrededor del mundo. La eficacia para enfrentar al virus dependió del estado de los hospitales públicos e incluso del transporte público, básico para la movilización de los trabajadores esenciales.

Mientras siguen aplanándose las curvas de contagios y se mantienen medidas para evitar rebrotes del virus, es necesario iniciar un debate sobre las lecciones que dejará la pandemia a las ciudades. La crisis desatada por el COVID-19 es una nueva oportunidad para que los hacedores de políticas públicas reconsideren sus paradigmas de desarrollo urbano sostenible y las prioridades de su gestión.

En esta primera fase de recuperación del COVID-19 será indispensable que los gobiernos locales cuenten con mecanismos de apoyo financiero. El acceso a líneas de crédito en la banca nacional como en los bancos de desarrollo será clave. Asimismo, la cooperación internacional deberá enfocarse en las ciudades.

También, la recuperación debe tomar en cuenta que los efectos económicos de la pandemia sobre los gobiernos locales fueron diferentes, dependiendo de la concentración de la actividad económica. Es necesario repensar las ciudades y fomentar la diversificación de sus economías de manera sostenible. Dicha conversión toma tiempo, pero, al igual que en otras pandemias a lo largo de la historia, su fin marcará el inicio de una nueva etapa socioeconómica en todos los niveles.

Finalmente, los gobiernos locales deberán promover un desarrollo urbano sostenible centrado en las personas y la realización de los derechos humanos de todos, facilitando la convivencia, combatiendo la discriminación en todas sus formas y generando espacios públicos seguros y accesibles. Se debe centrar la atención en los asentamientos informales, pues la carencia de servicios básicos, como agua y saneamiento, y la situación de pobreza e informalidad laboral de sus habitantes empeoraron con la crisis.