Gustavo Redin califica como “fallo histórico” a la victoria judicial a favor de la biodiversidad de Intag

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La Corte Provincial de Justicia de Imbabura emitió el 29 de marzo de 2023 una sentencia a favor de las comunidades y del bosque de Intag, declarando la existencia de violaciones constitucionales al otorgar la licencia ambiental de la concesión minera ‘Llurimagua’, operada por la empresa chilena Codelco.

La lucha de las comunidades de Intag contra el proyecto minero Llurimagua comenzó en 1995. Con el fallo, obtienen resultados tras casi 30 años contra las actividades mineras en su territorio, uno de los sitios más biodiversos del planeta.

Codelco inició sus actividades dentro de la concesión minera en 2014. El proyecto se ha suspendido desde 2018 por varias razones, incluyendo estudios de impacto ambiental inadecuados, informes realizados por parte de la Contraloría General del Estado y acciones constitucionales para salvaguardar los derechos de especies en peligro crítico de extinción, según informó la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

Gustavo Redin, presidente del Cedenma, señaló a Revista Elements la importancia del “fallo histórico” resuelto por las autoridades judiciales en favor de la naturaleza y las comunidades de Intag, su repercusión a otros casos similares y el significado que tiene esta decisión para proteger a especies en extinción.

De acuerdo a una publicación de Diario El Comercio, Codelco alegó que la sentencia fue “sorpresiva y preocupante”, por aplicar una norma de manera retroactiva y a la falta de seguridad jurídica “indispensable” para la ejecución de proyectos mineros. Redin refuta la posición de la empresa chilena:

 

El fallo de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ha sido celebrado por organizaciones sociales, ambientales y defensoras de los derechos humanos que han seguido de cerca la lucha de las comunidades de Intag.

Según informes de estas organizaciones, la minería ha tenido un impacto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente de la zona, causando contaminación de ríos, la pérdida de especies en peligro de extinción y la degradación del bosque y de la biodiversidad en general.

En 2008, la Constitución del Ecuador reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos en sus artículos 10, 71 y 72; estableciendo un marco constitucional que protege el medio ambiente y a las comunidades que dependen de él.

Víctor Vergara. /

 

Victor Vergara
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