Para que existan consumo y producción sostenibles es importante el uso eficiente de los recursos naturales, así como la construcción de infraestructura que no perjudique al ambiente, además, mejorar el acceso a servicios básicos y dar paso a empleos ecológicos. Estas actividades se relacionan con una mejor calidad de vida para todos y ayudan a la consecución de los planes generales de desarrollo, asegura las Naciones Unidas.
Se estima que para el cumplimiento del Objetivo 12 de la Agenda 2030 es necesario plantear algunas metas como aplicar políticas públicas en base al consumo y producción sostenibles, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y lograr una correcta gestión de desechos sólidos.
En Ecuador, aún no existe una ley que promueva y estimule el reciclaje como una política pública con inclusicón social, económica y ambiental. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece, en su artículo 55, que los «Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD Municipales tienen como competencias exclusivas, ser los responsables directos del manejo de desechos sólidos». La situación a nivel nacional no ha cambiado mucho, hasta 2010, cerca de 160 municipios disponían sus desechos en botaderos de cielo abierto, contaminando varios elementos como aire, agua y suelo, perjudicando directamente a la salud de los habitantes de zonas aledañas. Los 61 municipios restantes han presentado un manejo de desechos sin tener en cuenta estudios técnicos previos.
En 2009, el Ministerio de Ambiente inició el control y seguimiento de estos lugares, debido a los contantes problemas que se generan, (MAE, 2010). En abril de 2010, el gobierno nacional crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) con el fin de gestionar estos residuos y disminuir los niveles de contaminación ambiental, promoviendo la conservación y cuidando la salud de los habitantes. El proceso por una cultura y acciones sostenibles aún es largo, sin embargo, se requiere la participación y compromiso de distintos agentes como empresas, comerciantes, consumidores, organismos de cooperación para el desarrollo, medios de comunicación y, finalmente, todos los ciudadanos.
